En 2014, al menos 607 personas fueron ejecutadas en 22 países del mundo. China, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos encabezan el ránking. A finales de ese año, más de 19.000 personas estaban condenadas a muerte en todo el mundo, aun así, 140 países –más de dos terceras partes- han legislado en contra de esta condena o, al menos, no la ponen en práctica en la actualidad. Sin embargo, el debate sobre su reactivación resurge en el seno de la Europa más ultraconservadora.
El joven activista Ali Mohammed al-Nimr va a ser decapitado de manera inminente por el gobierno de Arabia Saudí. Posteriormente, crucificarán su cadáver. Detenido en 2012, ha sido sentenciado a morir por participar con 17 años en protestas que pedían democracia en su país difundiéndolas con una Blackberry. Ni el Gobierno español ni la Casa Real, que mantienen fluidas relaciones con el régimen saudí, se han pronunciado sobre la sentencia. Decenas de campañas se han levantado en contra de esta ejecución, sin embargo, la vida de Al-Nimr pende de un hilo.
En pleno siglo XXI, la pena de muerte se mantiene como la forma más extrema de tortura entre seres humanos. Cada día en todo el mundo, los Estados ejecutan a alguien como castigo por una variedad de crímenes, a veces incluso por actos que no deberían estar castigados como la homosexualidad, el adulterio o, en el caso de Al-Nimr, por la participación en protestas pacíficas. Además, como ocurre en su caso, algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento en el que se cometió el supuesto delito, o aplican la pena de muerte a personas con enfermedades mentales. A menudo, antes de ser ejecutadas, estas personas permanecen encarceladas durante años en el «corredor de la muerte». No saben cuándo llegará su hora, ni si podrán volver a ver a su familia antes de morir.
En 2014, al menos 607 personas fueron ejecutadas en 22 países del mundo. Aunque, según Amnistía Internacional este macabro dato supone una reducción de casi el 22 por ciento respecto a 2013, el dato sigue siendo alarmante. La mayoría de estas ejecuciones tuvieron lugar en China, pero también –por orden- en Irán, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos. Aun así, los datos referentes al gigante asiático son muy ambiguos, pues las ejecuciones se consideran secreto de Estado y las pocas que se conocen –que suponen asimismo más del doble que el resto de países ejecutores- se deben a filtraciones en la prensa.
Igualmente, aunque siete países que habían llevado a cabo ejecuciones en 2013 no lo hicieron en 2014 (Bangladesh, Botsuana, Indonesia, India, Kuwait, Nigeria y Sudán del Sur), otros siete las reanudaron después de un paréntesis: Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Jordania, Pakistán y Singapur. Efectivamente, en 2014 se registraron al menos 2.466 condenas a muerte en 55 países distintos, según Amnistía Internacional. El incremento es notable respecto al año anterior, especialmente porque en Egipto se condenó a más de 500 personas el pasado año y en Nigeria a cerca de 700. Con todo, a finales de 2014 había más de 19.000 personas condenadas a muerte en el mundo. La decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y el fusilamiento son los métodos más usados para aplicar estas sentencias.
A pesar de que los datos son todavía escalofriantes, cabe destacar que en los últimos 20 años ha tenido lugar un importante retroceso. En 2014, solo 22 países llevaron a cabo ejecuciones, un dato relativamente bueno si se tiene en cuenta que en 1995 se ejecutó a personas en 41 estados. Asimismo, un total de 140 países de todo el mundo, más de dos terceras partes, son abolicionistas en la ley o en la práctica y en 2014 se registraron indultos o conmutaciones de condenas a muerte en 28 países. Tanto es así, que en diciembre del pasado año, hasta 117 países –más que nunca- votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. En 1977, solo nueve estados se manifestaban en contra de esta práctica.
Pena de muerte, ¿sí o no?
Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Con la Constitución de 1978 quedó abolida, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar preveía la pena de muerte como pena máxima para casos de traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra. Desde 1995 la pena de muerte está abolida en España, aunque todavía se recoge ese matiz en el artículo 15 de la Constitución española.
Sin embargo, el debate sobre aplicar o no esta inhumana medida siempre ha estado sobre la mesa en multitud de debates, especialmente en los casos de terrorismo, aunque por suerte no se ha concretado como propuesta política de ningún partido, algo que sí ha ocurrido por ejemplo en Hungría, también estado miembro de la UE, que hace unas semanas, en voz de su presidente ultraconservador Víctor Orbán, exigió que se reabriera este debate en el seno del Parlamento Europeo.
Pero, ¿por qué hay que decir no a la pena de muerte?
1. En primer lugar, porque niega los derechos humanos. Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
2. Porque es irreversible y se cometen errores. Nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a inocentes. En Estados Unidos, desde 1976, 150 personas condenadas a muerte han sido absueltas, algunas de ellas después de haber sido ya ejecutadas.
3. No disuade contra el crimen. Es decir, los países que mantienen la pena de muerte no tienen pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen.
A todo esto hay que sumar que la pena de muerte, a excepción casi exclusiva de Estados Unidos, se emplea en países con sistemas judiciales sesgados. De hecho, los tres países que más la usan (China, Irán e Irak), la aplican en circunstancias turbias y poco claras. Es más, muchas de las condenas a muerte se basan en “confesiones” obtenidas mediante tortura. A su vez, estos mismos países usan la pena de muerte como herramienta política o religiosa: castigan con esta medida a los opositores políticos, a los homosexuales, a las mujeres adúlteras o incluso a las “brujas o hechiceras” como ocurre en Arabia Saudí.
Y todo esto sin olvidar que, como ocurre en Estados Unidos, tienes más probabilidades de ser condenado a muerte si eres pobre o perteneces a una minoría racial debido a la discriminación que existe en el sistema policial y judicial. Y los datos así lo remarcan: En EEUU, donde la pena de muerte es todavía legal en 31 estados, el 42% de los reclusos condenados a muerte son de raza negra, cuando esta minoría solo constituye el 12% de la población estadounidense.
