En los últimos años miles de personas han perdido sus viviendas en una España devastada por la crisis. Esta tragedia ha generado un movimiento social de protesta que ha motivado que el Gobierno anuncie con carácter “urgente” cambios en una ley hipotecaria, que muchos tachan de “abusiva” e “ilegal.
Cerca de 350.000 personas han perdido sus casas desde 2008, y lejos de mejorar, la situación va a peor. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los procedimientos judiciales de desahucio han aumentado durante el 2012. En el primer trimestre se alcanzó la cifra récord de 18.424 familia desahuciadas por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el suicidio de una mujer en Baracaldo, el mismo día en el que iba a ser desahuciada. Este hecho ha conmocionado a toda la sociedad y ha conseguido remover la conciencia de políticos y banqueros que se apresuraban a anunciar cambios y a paralizar los desahucios. ¿ Siempre tiene que haber víctimas para que se produzcan cambios?
El tirón de orejas de la UE
“La ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas” Estas palabras fueron pronunciadas la semana pasada por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott.
La normativa europea exige “que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, puede detenerse la ejecución forzosa”.
Los jueces españoles también han querido dejar claro que esta ley tampoco les parece justa y se han unido para apoyar y defender a los afectados por los desahucios. Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), solicitó este sábado a los magistrados que «suspendan automáticamente todos los desahucios» que tengan previsto ejecutar próximamente, por «estar en cuestión» en Europa la legalidad de la normativa que los regula.
¿Solución real o parche político?
La ley hipotecaria que regula actualmente los procedimientos de desahucio tiene más de 100 años. Se trata de una ley de 1909. Evidentemente el panorama ha cambiado mucho y una reforma es más que necesaria. Para Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma Stop Desahucios el problema no reside solo en que esta ley se ha quedado obsoleta sino también en la ley que rige el procedimiento de ejecución hipotecaria, “que permite que los procesos de ejecución extrajudicial se agilicen, bastando la simple firma de un notario”.
La Asociación Española de Banca (AEB) se ha comprometido a paralizar los desahucios durante los dos próximos años, «en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad». Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se ha decidido también suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual «hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades».
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha considerado que el anuncio de la AEB sobre los desahucios es un «parche» y se ha preguntado cuáles serán los requisitos que tendrán que cumplir las familias para acogerse a sus condiciones.
Después de tres días de discusiones y debate político, el Gobierno aprobará hoy un real decreto con medidas urgentes para frenar el drama de los desahucios.Esperemos que estas medidas no favorezcan de nuevo a los bancos sino a todas aquellas personas que se han visto sorprendidas, por una crisis que les ahoga diariamente.
