Hace unos días, el Gobierno anunció que devolverá a los inmigrantes en situación irregular el derecho a ser atendidos en los centros de salud. La medida, además de electoralista, no servirá de nada, pues no les devolverá la tarjeta sanitaria ni el derecho humano a los medicamentos. En 2012, el Partido Popular aprobó un real decreto que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas. El argumento que esgrimió además de inhumano es totalmente falso: los inmigrantes colapsan el sistema sanitario.
A Sandra la seleccionaron en Perú. La patronal de los hosteleros gallegos (CEGOSGA) aterrizó en Lima con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Un largo periplo de pruebas selectivas fue dejando en la cuneta a cientos de candidatas: pruebas psicopedagógicas, exámenes de razonamiento lógico y matemático, entrevistas personalizadas, pruebas específicas de trabajo en hostelería… Finalmente, exámenes médicos terriblemente exigentes: radiografías, análisis de esputos en busca de tuberculosis, análisis de sangre para detectar, entre otras, la hepatitis B o el VIH, e incluso si las futuras camareras tenían anemia. De seiscientas candidatas, solamente cincuenta y dos lograron viajar a España. El premio no era demasiado suculento: cuatro meses de contrato, prorrogables un mes más. Del salario se descontaría el coste del viaje. También les descontarían dinero por el alojamiento en el propio hotel donde trabajarían. Y las candidatas, por supuesto, debían comprometerse a volver a Perú al final del contrato.
Esta truculenta historia es totalmente real. Está extraída de “Qué hacemos con las fronteras”, un magnífico libro publicado por Akal en 2013. Este relato visualiza nítidamente la funcionalidad de las personas migrantes como cuerpos de los que succionar la máxima productividad. Cuerpos sanos y funcionales, cuerpos que alimentan el proceso de acumulación capitalista.
Hace apenas una semana, el Partido Popular anunció que los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria de 2012. Esta medida, claramente electoralista, no sirve para limpiar el nombre de quienes hace menos de tres años aprobaron el Real Decreto 6/2012que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia.
Al menos tres personas han muerto desde que el Gobierno aprobó ese decreto. Son personas olvidadas e invisibilizadas por ley. Alpha Pam, un migrante senegalés falleció por tuberculosis en Baleares; Soledad Torricos, natural de Bolivia, murió por gripe en Valencia tras peregrinar durante seis días por diversos centros de salud y hospitales que no la atendían y, pocos meses después, Jeanneth Beltrán, de Nicaragua, perdió la vida tras estar cuatro horas sin ser atendida en urgencias del Hospital de Toledo. Son los casos que han salido a la luz, pero probablemente habrá muchos más.
¿Pero por qué ese decreto?
Esta es la gran pregunta que se han preguntado siempre los expertos en migraciones e incluso los economistas, pues la medida es totalmente irrelevante en términos de ahorro económico. ¿Se actuó por racismo? Probablemente. Los argumentos culpabilizadores salieron a la luz desde el primer momento: la sobreutilización de la sanidad pública por parte de la población inmigrante parecía justificar la medida. Un argumento que, por cierto, es totalmente falso.
Según datos aportados por Cruz Roja Madrid, la población migrante acude menos al médico de atención primaria que la población española. De hecho, solo el 12,7% de los inmigrantes va al médico frente al 57,75% de los españoles. Esto ocurre también con la asistencia especialista. En lo único que la población migrante supera en porcentaje a la española es en la asistencia a los servicios de urgencias, especialmente por desconocimiento del protocolo sanitario español y, principalmente, por horario y condiciones laborales. Según los datos de esta ONG, la población migrante representa solo el 5% de los pacientes que acuden al médico, a pesar de que suponen ya el 11% del total de la población en España. Por tanto, no es verdad que abusen ni que colapsen la Sanidad Pública.
Esto se entiende porque, normalmente, las personas inmigrantes, con o sin papeles, son generalmente mucho más jóvenes que la edad media de la población y recurren con menos asiduidad al sistema sanitario porque, simplemente, no lo necesitan. De hecho, las 2/3 partes del presupuesto de la Seguridad Social se derivan al colectivo de personas mayores, un sector poblacional que apenas alcanza a las personas inmigrantes, pues la edad media ronda los 33 años, mientras que la edad media de la población española es de 41 años.
Por tanto, bajo esta cortina de humo se oculta un decreto que, en el fondo, implica una transformación radical del conjunto del sistema: la división de personas aseguradas y no aseguradas. No es más que otro colectivo que sufre las consecuencias de las medidas liberales impuestas por el Gobierno. De hecho, no es el único. El mal llamado copago (repago, más bien) es la medida que concreta en la práctica la idea de que los sectores vulnerables de la población –pensionistas o personas con enfermedades crónicas- suponen un gasto excesivo y, por tanto, deben pagar parte de su atención y de sus medicamentos.
Por tanto, el anuncio del Gobierno de permitir la atención a los inmigrantes en situación irregular en los centros de salud no cambia nada su situación actual, pues pueden ser igualmente atendidos en urgencias. Porque, como recuerdan desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el acceso a la Atención Primaria sin tarjeta sanitaria supone que no se les podrán realizar pruebas diagnósticas ni prescribir medicamentos con lo que la asistencia sanitaria “será mas propia del siglo XIX que del XXI”. En definitiva, el derecho humano a acceder a los medicamentos o a tener un seguimiento de la enfermedad diagnosticada sigue perdido en el olvido. Y no solo el PP lo ve correcto, hace unos días, el partido de moda, Ciudadanos, se desmarcó en la misma línea: Solo concederá el derecho sanitario a los inmigrantes con permiso de trabajo.
