La crisis no puede ser una excusa para minar la educación

Ya hace más de 10 años que la Campaña Mundial por la Educación (CME), coalición internacional formada por ONGs, sindicatos del ámbito educativo y otros representantes de la sociedad civil activos en más de 120 países, celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación.

Este año 2012, la Semana se ha centrado en el lema “Con derechos desde el principio, por una educación temprana de calidad” con el objetivo de reivindicar la importancia de la atención y la educación de la primera infancia, la etapa que comprende de los 0 a los 6 años de edad. La idea principal es que los niños y niñas de esta edad son sujetos de derechos (entre ellos, el derecho a la educación), los cuales deben ser garantizados y respetados por los poderes públicos y por la sociedad.

Para abordar ésta y otras cuestiones relacionadas, en Cataluña las acciones se han volcado en la incidencia política, llevando las reivindicaciones de la CME a la Comissió de Cooperació y Solidaritat del Parlament de Catalunya. Para ello, se llevó a cabo una Mesa redonda donde estaban invitados todos aquellos grupos políticos con representación en el Parlament. Las conclusiones de dicha Mesa se describen en los siguientes párrafos.

La educación siempre ha sido una prioridad en los Planes y Programas de Cooperación emprendidos desde Cataluña. Así se contempla en el vigente Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2011-2014 destinado a ser implementado por la Agència Catalana de Coooperació al Desenvolupament y recogiendo, entre sus directrices, algunos objetivos muy relacionados con el tema que nos traemos entre manos, como el de “Fortalecer los sistemas públicos de educación de acuerdo con las prioridades de los países socios que garanticen un acceso equitativo a una enseñanza primaria y secundaria de calidad, con especial atención a la escolarización de las niñas y las adolescentes”.

Estos programas siguen realizándose pese a los recortes presupuestarios que se están produciendo debido a la situación de crisis económica, y la consecuente caída de ingresos, que está afectando a Europa. La crisis no puede ser una excusa para cambiar un modelo social, o sí, pero no en otro sentido que el de avanzar en la justicia social y la solidaridad. Sin embargo, y pese a las declaraciones en uno y otro sentido del Gobierno catalán y de la oposición, los programas y proyectos sin respaldo presupuestario no pueden tener mucho futuro. La educación bien entendida no es más que asegurar la igualdad de oportunidades para todos/as, es decir, “Todos/as merecen una oportunidad”, pero esto sin un impulso económico es muy difícil de conseguir ya que se trata, básicamente, de una cuestión de reparto de la riqueza, de una falta de recursos en las familias, lo que hace imposible a las mismas atender satisfactoriamente la educación de sus hijos e hijas.

Los instrumentos diseñados y puestos en marcha hasta ahora han funcionado relativamente bien pero, ¿cómo actuar en este nuevo contexto más restrictivo?, ¿Qué nuevas medidas poner en marcha? Sigue siendo necesaria una apuesta presupuestaria desde lo público y, además, implementar medidas de mejora de la eficiencia y/o impulsar la creación de redes y partenariados.

Ya se ha comentado cómo la crisis ha roto con toda una tendencia anterior en la mejora y el apoyo de la educación en los países del Sur, lo que llevó a conseguir cuestiones tales como un incremento significativo del número niños y niñas escolarizados o la cantidad de proyectos implementados. Sin embargo, desde hace unos años esta tendencia se ha revertido. Si los recursos económicos que soportan los proyectos y programas son tan importantes, es necesario encontrar la forma de dotar las acciones presupuestariamente. Y eso solo se consigue, como señalan algunos expertos y políticos, a través de una priorización clara de las políticas públicas, de una apuesta consciente de lo que supone invertir en la educación de los menores.

Hay voces que, más que acercarse al problema desde una cuestión de valores o de simple solidaridad y justicia social, alertan de que las medidas de recorte que se están adoptando finalmente se volverán en contra de los países del Norte. Señalan que la falta de atención a estas poblaciones está muy relacionada con cuestiones como los movimientos migratorios o la revitalización de problemas de salud pública que parecían resueltos. Es una manera de enfocarlo, desde luego. Así, algunas opciones políticas apuestan por propuestas que pasen por hacer pedagogía social, es decir, en lograr una mayor implicación de la sociedad civil, o fomentar la participación público-privada, por ejemplo, a través de una legislación más activa en materia de mecenazgo y patrocinio.

No podemos olvidar que una educación temprana también es fundamental para lograr unas mayores cotas de igualdad entre futuros hombres y mujeres. Como se ha demostrado, los grandes poderes económicos de nivel mundial no están interesados en abarcar estas cuestiones. El progreso económico no conlleva la igualdad de forma “automática”, a no ser que haya una fuerte voluntad política de llevarla a cabo de forma efectiva mediante medidas concretas. Es necesario, por tanto, condicionar las acciones de estos poderes mediante una acción social y política clara que refuerce el papel de la sociedad civil, por ejemplo, pero que no olvide el fomento de la escuela pública de calidad financiada por una fiscalidad justa y equilibrada desde el Estado.

Para finalizar, una mirada hacia la situación de la sociedad catalana y española actual. Últimamente no encontramos  con demasiada frecuencia argumentos demagógicos sobre la necesidad de prestar una mayor atención a los problemas locales sobre los que están más allá de nuestras fronteras. “Prioricemos a los de casa”, se dice. Hay que rebatir este tipo de discurso falaz, la pobreza no conoce fronteras ni países. Apostar por la educación, tanto dentro como fuera de Cataluña y España, tiene que ser considerado una inversión de futuro sobre próximas generaciones de hombres y mujeres que estarán más educados, tendrán un mejor porvenir, menos problemas de salud y más posibilidades de conducir a sus comunidades fuera de la pobreza.

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