La transparencia es un elemento esencial del Estado de derecho, pues obliga a los gobernantes a explicar su tarea al frente de la administración y concede a los ciudadanos el derecho a informarse y pedir explicaciones.
El derecho de acceso a la información por los ciudadanos es un derecho fundamental y constituye la base de una administración transparente. Este derecho tiene dos facetas, que podríamos denominar transparencia proactiva y transparencia reactiva. La primera consiste en la obligación de las distintas administraciones de dar a conocer, sin que nadie se lo pida, información sobre sus cuentas, actividades, propuestas y políticas. La segunda permite a los ciudadanos preguntar, pedir explicaciones y, en definitiva, informarse sobre lo que hacen sus gobernantes.
Cuando la transparencia se impone en la actuación pública, lo primero que observamos es que la corrupción se reduce de forma generalizada. Las posibilidades de que el concejal que concede una licencia acepte un soborno disminuyen considerablemente cuando el procedimiento es abierto, público y conocido por todos. Lo mismo ocurre con otras fórmulas para influir en los poderes públicos, como los grupos de presión (lobbies) o las donaciones a partidos políticos.
Y en segundo lugar, una actuación transparente implica el deber de la administración de rendir cuentas ante los administrados, es decir, de informar sobre el uso y destino de los fondos públicos. Se trata del binomio transparencia-rendición de cuentas (transparency and accountability para los anglosajones), una combinación esencial para asegurar el buen gobierno.
A sensu contrario, la falta de transparencia se traduce en desconfianza institucional (los ciudadanos no se fían de los políticos ni de las instituciones) y baja implicación cívica (los administrados no protestan ni reclaman, pues de nada sirve). Lo que, en definitiva, reduce la calidad democrática de un país y la integridad de sus gobernantes, empresas y ciudadanos.
Parece pues que la transparencia, entendida como la obligación de contar y el derecho a saber, debiera ser algo natural en una democracia ya arraigada como la nuestra. Sin embargo, lamentablemente España está en el furgón de cola en materia de transparencia. Así lo ha denunciado la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir la corrupción a escala global. En su informe sobre nuestro país, la ONG resalta la falta de independencia de muchos órganos (que están altamente politizados, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional), la escasa rendición de cuentas por parte de las administraciones, una cultura de opacidad generalizada y la inexistencia de una ley de transparencia.
En Europa, solo Chipre, Malta, Luxemburgo y España carecen de una ley de transparencia. El Centre for Law and Democracy edita un ranking mundial sobre leyes de transparencia y sorprende la ausencia de nuestro país, pues la mayoría de estados cuentan con una norma. Aunque hay motivo para la esperanza, ya que España acaba de aprobar un anteproyecto de ley en esta materia. El texto no está exento de polémica, pues excluye de su ámbito de aplicación a la Corona y algunos entes semipúblicos, regula un derecho de información “descafeinado” y no asegura la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia, el órgano que velará por el cumplimiento de la ley. Pero es un principio, y esperamos que el texto vaya mejorando y supla estas carencias en su versión definitiva.
Por todo lo anterior, en Melior dedicamos nuestra campaña del mes a la transparencia en la actuación pública, elemento esencial en el camino hacia una sociedad mejor. Exijamos a nuestros gobernantes que, además de hacerlo lo mejor posible, actúen de forma transparente. La fórmula es sencilla: luz y taquígrafos.
