Narcotraficantes, grupos terroristas, políticos y banqueros corruptos, dictadores, grandes fortunas y multinacionales utilizan sin tapujos los paraísos fiscales para ocultar dinero de actividades ilegales o evadir impuestos con total impunidad
Los llamados paraísos fiscales nacieron para depositar fondos provenientes de actividades ilegales como el narcotráfico, el terrorismo o el blanqueo de capitales. Pero con el tiempo se han convertido, además, en la herramienta por excelencia para evitar el pago de impuestos, y de ahí su nombre. Tres son las notas que definen a estos territorios: facilidad para ocultar al verdadero titular de los fondos, escasa (o nula) tributación, y confidencialidad de datos hacia el exterior (secreto bancario).
El Banco Mundial estima que más de ocho billones de euros están a buen recaudo en paraísos fiscales, lo que para el Fondo Monetario Internacional (FMI) supone una cuarta parte de la riqueza privada mundial. Los fondos ocultos en paraísos fiscales escapan a todo tipo de control y contribución pública, de modo que los estados ven mermados sus ingresos tributarios. Si toda esta riqueza pagara impuestos, se equilibraría la balanza entre ingresos y gastos en muchos territorios. No sería necesario bajar sueldos ni recortar beneficios del estado del bienestar en los países de nuestro entorno. Los ciudadanos de a pie, que sí pagan sus impuestos, sufrirían menos en tiempos de crisis. Por no hablar de la mejora en las zonas más pobres del planeta. El FMI estima que si el dinero oculto tributara podrían alcanzarse en un año los Objetivos del Milenio previstos por la ONU para 2015. En definitiva, estas cuevas financieras ocultan una inmensa riqueza que nada aporta al conjunto de la humanidad.
Un fraude perfectamente organizado y abiertamente tolerado
Los territorios que actúan como paraísos fiscales cuentan con una maquinaria perfectamente engrasada y organizada al servicio de sus “clientes”. Las Islas Caimán, con solo 52.000 habitantes y un territorio de unos 260 Km cuadrados, son un buen ejemplo. En el pequeño archipiélago están instalados 600 bancos, operan 2.200 fondos de inversión o pensiones (que se estima manejan más de medio billón de euros), y hay domiciliadas unas 44.000 sociedades. Todo un entramado de ingeniería financiera para asegurar la opacidad de los fondos y evitar el pago de impuestos.
Pero lo más escandaloso es que los paraísos fiscales cuentan con el visto bueno de los gobiernos más poderosos y las autoridades mundiales. La comunidad internacional, cediendo a las presiones de multinacionales y demás poderes financieros, sencillamente tolera la existencia de estos territorios. A veces, so pretexto de no poner trabas a la libre circulación de capitales y fomentar el comercio internacional. Otras, con la excusa de que es difícil controlar los flujos de dinero en un mercado globalizado. Tal es la impunidad, que hasta los bancos más solventes y las compañías más reputadas tienen filiales en paraísos fiscales, evitando así el pago de impuestos con el mayor de los descaros. De hecho, 21 empresas del IBEX cuentan con sociedades en paraísos fiscales, y así lo declaran en sus cuentas anuales. Increíble, pero cierto.
Medidas cosméticas y poco efectivas
La magnitud del fraude y el clamor social han propiciado un movimiento para luchar contra estos reductos financieros. Pero no nos engañemos, la mayoría de medidas han sido cosméticas y de escaso impacto. Por ejemplo, se ha ejercido presión sobre los gobiernos de paraísos fiscales para que rebajen sus niveles de confidencialidad y secreto bancario, enarbolando la bandera de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el blanqueo de capitales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G-20 y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) han liderado este tímido movimiento. Pero solo han conseguido que estos territorios modifiquen sus leyes de cara a la galería para así quedar fuera de la lista de “paraísos fiscales”. De hecho, según la lista publicada por la OCDE en noviembre de 2011, ya solo quedan dos territorios catalogados como “paraísos fiscales”: Niué y Naurú. ¿Alguien oyó alguna vez estos nombres?
Y es que la línea divisoria entre ser o no ser un paraíso fiscal es muy difusa. La catalogación en una u otra categoría por parte de la OCDE y demás organismos internacionales responde más a intereses políticos y económicos de sus miembros que a criterios puramente objetivos. Ahora, los países que han hecho los “deberes” y se suponen más transparentes se llaman “territorios de baja o nula tributación”, o se listan bajo la rúbrica de “otros centros financieros”. Aunque a nadie se le escapa que estos términos no son más que eufemismos para ocultar lo que sigue ocurriendo. Los mismos perros, con distintos collares. ¿De verdad pensarán que nos engañan?
