España apenas tramita el 1% de las solicitudes de derecho de asilo en la Unión Europea. De ese mínimo porcentaje solo se aprueba el 22%. Todo esto es fruto de una serie de políticas que imposibilitan a los refugiados acceder al territorio nacional o solicitar asilo en las embajadas, que restringe la movilidad de los solicitantes y que exige visados de tránsito. En definitiva, se podría decir que nuestro país no respeta el derecho de asilo.
Más de 50 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente de sus casas a causa de guerras, conflictos y violación sistemática de los derechos humanos. De todas ellas, solo 435.000 se atrevieron a pedir derecho de asilo en la Unión Europea en 2013. En España, un raquítico 1% de ese total: 4.502. Y solo salió adelante el 22% de las solicitudes (990). En la UE el porcentaje es un poco más alto, el 34,5% (150.000 casos favorables), gracias a la gran labor de Alemania y Francia, que en 2013 acogieron a más de 76.000 y 61.000 personas, respectivamente. Es decir, el cuello de la botella se estrecha al cruzar la frontera europea y prácticamente desaparece al llegar a España. Que un país como el nuestro acoja a menos de 1.000 personas al año que piden derecho de asilo porque su vida corre peligro en su país de origen es alarmante e inhumano. En definitiva, España no respeta el derecho de asilo.
Es el claro ejemplo de la hipocresía del “primer mundo”, pues son quienes impulsan gran parte de las guerras civiles que estallan en el mundo y, a su vez, son quienes menos refugiados acogen. De hecho, en contra de lo que podríamos pensar, son los países pobres quienes más se solidarizan con quienes huyen de los territorios en conflicto: ocho de cada diez refugiados residen en países en desarrollo. Solo Alemania se cuela en un listado que encabezan Pakistán, Irán, Kenya y Etiopía. Un grupo de países de acogida a los que se suman desde hace unos meses Jordania y Líbano, que están abriendo las puertas de sus fronteras a miles de familias sirias que están abandonando sus casas.
“El derecho de asilo está amenazado por la violación de derechos fundamentales al ver en las fronteras como los derechos humanos se violan constantemente”, asegura Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Vallas, concertinas y ataques violentos con material antidisturbios a las personas que pelean por mejorar su condición de vida son los baluartes de la política migratoria de la Unión Europea, basada más en la seguridad que en los derechos humanos.
Manipulación mediática
Y mientras tanto, los medios de comunicación se hacen eco de las declaraciones institucionales, que difunden “un discurso alarmista e irresponsable y que ofrecen datos que no se corresponden a la realidad”, asegura Estrella Galán de CEAR. Unas soflamas que solo sirven para fomentar el racismo y romper la cohesión social que existe en nuestro país.
Es más, la manipulación también se hace patente en su intento de dar hoy una imagen totalmente contraria a la que ofrecían antes de las elecciones europeas. En la memoria colectiva quedará para siempre la portada de El País del 17 de febrero donde alertaba que 30.000 subsaharianos preparaban el salto a Europa por Ceuta y Melilla. Palabras que disparan balas, que alertan de un supuesto peligro que realmente no existe. Sin duda, el Gobierno estaba dispuesto a justificar las inhumanas cuchillas en la valla de Melilla y utilizó al diario con más tirada para conseguirlo. CEAR puso el grito en el cielo y alertó de que la mayoría de los inmigrantes que intentaban saltar la valla cumplían las condiciones para ser tratados como refugiados. “Los que llegan a Ceuta y Melilla no están siendo autorizados para cruzar a la Península y son detenidos y privados de su libertad de circulación”. El derecho de asilo ni se estudia en estos casos y se trata al inmigrante como una amenaza que quiere acabar con la tranquilidad de occidente.
Sin embargo, esa posición ha cambiado después del 25 de mayo. Hace apenas unos días, Televisión Española ‘informaba’ de que en 2013 habían aumentado un 74% las solicitudes de asilo en España. Un dato cierto, pero olvidan indicar como se decía al principio que solo se aprobaron el 22%. Y peor todavía, no recordaban que en 2012 las solicitudes de asilo en nuestro país alcanzaron un mínimo histórico: la cifra más baja en 25 años, desde que se realizan los registros. En definitiva, aumentar ese registro era sencillo y aun así, España solo tramita el 1% de las solicitudes de toda Europa.
Una carrera de obstáculos
Pero el problema va más allá. Estas cifras nefastas son el resultado de un sistema concebido para evitar las solicitudes y restringir después las que son aceptadas. “España ha puesto en marcha ciertas estrategias que no tienen otro fin que evitar la otorgación de protección internacional a las personas refugiadas”, indica Estrella Galán. Para ello, retrasan sin justificación alguna la resolución de las solicitudes “a la espera de que se solucionen los conflictos en los países de origen” o exigen visados de tránsito a las personas que solicitan este derecho. Una práctica que es totalmente ilegal, pues hasta el propio Tribunal Supremo se pronunció para pedir mayor celeridad en las resoluciones y que se estudiaran según la situación del país del solicitante en el momento en que pidió el asilo.
Por desgracia, muchos de ellos acaban en los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde comparten celda con otros migrantes a la espera de ser expulsados, más de la mitad de ellos sin ningún tipo de antecedente penal. Su único delito: una falta administrativa que está golpeando a mujeres embarazadas, personas enfermas, refugiadas o explotadas sexualmente por igual.
Como bien resume el activista e investigador Gonzalo Fanjul, para un individuo que huye solo o con su familia de una persecución violenta en su país de origen, “el reconocimiento de asilo en España se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos”: imposibilidad de acceder al territorio nacional o de solicitar asilo en las embajadas, imposición de visados de tránsito para acceder a países más garantistas como los nórdicos, restricción de la movilidad de los solicitantes (especialmente en Ceuta y Melilla) y periodos interminables de resolución del expediente (muy por encima de los seis meses que establece la ley).
En algunos casos la situación es sencillamente kafkiana: “los ciudadanos de Costa de Marfil tienen sus expedientes congelados a la espera de la resolución del conflicto de intensidad variable que azota a su país desde hace una década”. Es decir, como si una declaración de paz o de alto el fuego reconstruyera por arte de magia todas las zonas devastadas y borrase todos los conflictos y hostilidades generadas.
La Unión Europea, concebida como una fortaleza, ha potenciado alianzas fronterizas con países que vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales. Como por ejemplo Marruecos que ya no solo controla a los saharauis, abandonados a su suerte por Francia y España en un territorio hostil que no da ninguna opción a sus ciudadanos, sino que también expulsa sin miramiento a los subsaharianos que cruzan sus fronteras en busca del ansiado sueño europeo. Da igual que sean víctimas de la trata de seres humanos, que estén amenazados de muerte por sus países o que sean apatridas.
En definitiva, vallas, concertinas y una política migratoria centrada en la seguridad y sin respeto alguno por los Derechos Humanos. Personas que deambulan de un lugar a otro sin saber a dónde ir. Rechazadas por todos los Estados, olvidadas. En los últimos 20 años, más de 20.000 personas han fallecido intentando llegar a Europa por el Mediterráneo. Son almas errantes que no preocupan a nadie y que mueren mientras intentan ser reconocidas por alguien. Y mientras tanto en España nos aseguran que ellos son el problema…
