El gobierno de Zapatero aprobó en 2005 un instrumento de inversión colectiva del que hoy se benefician las grandes fortunas de nuestro país. En la actualidad existen casi 3.500 SICAV de la que participan 450.000 accionistas y que esconden un patrimonio de casi 31.500 millones y que solo tributa al 1%. Mientras no exista un gobierno valiente que las regule, los más ricos de nuestro país seguirán evadiendo impuestos en contra de justicia social.
Aunque no es fácil de explicar, muchas personas saben que las SICAV son una especie de estafa financiera, legal pero no legítima, a la que se suman cada vez más empresarios españoles. En resumen, se podría decir que las Sociedades de Inversión de Capital Variable –mensaje que se esconde tras el acrónimo- es un instrumento de inversión colectiva que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 participantes. Lo más ventajoso de estas SICAV es que las operaciones que realizan tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, un porcentaje ínfimo si se tiene en cuenta que el impuesto de sociedades normal se eleva hasta el 30% para el resto de sociedades.
Pues bien, estas ‘bonitas’ herramientas fiscales, que normalmente usan las familias más poderosas de este país (Botín, Gallardo, Del Pino, Koplowitz…), crecieron muchísimo en 2014, tanto en número: 193 más –hasta cerca de 3.500-; en accionistas: un 8,94% más, hasta los 450.211; y en patrimonio: un 14% más, hasta los 31.486 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues como bien explica el periódico Diagonal, “España está a la altura de Luxemburgo como paraíso fiscal de las grandes fortunas”. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), aseguran incluso que “las SIF luxemburguesas y las SICAV españolas son los instrumentos más favorables a nivel europeo para las grandes fortunas”. Ante esto, solo cabe preguntar: ¿Crisis? Pero, ¿para quién?
El principal problema, es que España permite prácticas que no se toleran en ningún otro país de la Unión Europea, ni siquiera en Luxemburgo, ya que se permite que este instrumento de inversión colectiva se use como si fuera una institución privada. Es decir, el dato realmente preocupante es que el 83% de las SICAV está en manos privadas, mientras que solo un 17% está en manos colectivas.
Carlos Sánchez Mato, presidente de ATTAC Madrid, y que ya fue entrevistado por esta fundación hace dos años, lo deja bien claro en Diagonal: “Uno de los temas más indignantes es que, aunque intenten convencernos de que mucha gente participa de ellas, la gran mayoría de estos 450.000 inversores son simples ‘mariachis’, tienen pequeñas cantidades, mientras que los verdaderamente privilegiados de esta estructura para eludir impuestos son unos pocos. ¿Cuántos son esos privilegiados? Ni lo sabemos ni nos lo dirán, porque sería un escándalo”.
Pero, ¿por qué se da esta conocida elusión fiscal? En 2005, el entonces presidente Zapatero, aprobó una ley totalmente permisiva para las SICAV, tanto que decidió que fuera la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien las regulara y no la Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda, que habían denunciado irregularidades, dejaron de controlar estos instrumentos de inversión. Pero la Comisión no tiene apenas herramientas para controlarlas, por lo que desde ese año las SICAV se desarrollan al margen de toda legislación y control fiscal. Cabe destacar que Zapatero aprobó esta controvertida medida el mismo día que anunció la ley del matrimonio homosexual. ¿Casualidad?
Por ende, para corregir esta situación de elusión fiscal hay que modificar la ley para prohibir las SICAV o, al menos, hacerlas más restrictivas. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda asegura que deberían limitar su participación en torno al 5%, para no generar la situación de abuso que se da a día de hoy. Y obligarles a tributar cada dos años como máximo por el dinero que se mantenga en una SICAV. Actualmente, solo tributan cuando venden activos o con operaciones de fusión o escisión, pero el dinero que no se mueve, todos esos miles de millones de patrimonio que existen en las SICAV, no paga impuestos.
La economía en negro
Este tipo de herramientas fiscales solo sirve para que los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios carguen en sus espaldas una gran losa impositiva. España recauda mediante impuestos solo un 33% del PIB, siete puntos menos que la media europea. ¿Puede aguantar así un país? Lógicamente, no. Por tanto, se calcula que en torno al 20-25% del PIB se genera mediante dinero negro (entre 5 y 10 puntos más de la media europea) y también gracias a los altos niveles de evasión fiscal, especialmente en las rentas del capital.
La crisis ha golpeado nuestro país, ha elevado nuestra deuda pública por encima del 100% y los recortes han afectado especialmente a las capas más bajas de la sociedad que, a la postre, son quienes mantienen el mayor gravamen impositivo. Por ende, los ingresos fiscales son el gran tema pendiente de los países del sur de Europa y, especialmente, de España. Y mientras no haya un gobierno valiente que sea capaz de meter en cintura a quienes hoy evaden miles de millones al año, no podremos crecer como una sociedad más justa y solidaria. Porque, por desgracia, la existencia de instrumentos como las SICAV demuestra que la obligación de pagar impuestos no es igual para todos y que, por ahora, todos los gobiernos han visto prioritario dejar puestas abiertas para que las grandes fortunas puedan escapar, antes que apostar por la justicia social y la fiscalidad progresiva que beneficiaría al conjunto de la población.
