La economía sumergida nos hunde a todos

Se calcula que el gobierno español deja de recaudar unos 73.000 millones al año por la economía sumergida. Para el conjunto de la Unión Europea, la cifra se sitúa en torno al billón de euros. Si las arcas públicas recaudaran lo que deben los recortes que más nos duelen, en educación y sanidad, no serían necesarios.

Según un reciente informe del instituto británico Tax Research, la economía sumergida en España representa el 22,5 del PIB de nuestro país. Si esta riqueza aflorara y pagara impuestos, podríamos reducir el déficit y absorber nuestra deuda pública en 8 años, concluye el informe.

Aunque la cifra de dinero oculto en nuestro país marea, lo cierto es que estamos en la media europea. Por ejemplo, nos situamos mejor que Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia o Polonia, pero estamos lejos de Austria, Luxemburgo o el Reino Unido, países con poco más del 10% de economía irregular.

Tradicionalmente, las dos grandes bolsas de fraude existente en España provenían de operaciones inmobiliarias, cuajadas durante los años del “pelotazo”, o del ejercicio de profesiones liberales. Pero en la actualidad se estima que la práctica de pagar “sin factura”, en “negro” o en “B” se ha generalizado y alcanza a todos los ámbitos de la actividad económica. Pensemos en el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante, la reducción del precio escriturado en la venta de pisos, o los trabajos de fontaneros o electricistas, y veremos que estamos rodeados de transacciones opacas. Y ello sin contar las grandes fortunas ocultas en paraísos fiscales, que escapan a todo control de la hacienda pública.

Los otros efectos de la economía sumergida

Además de disminuir los ingresos de las arcas públicas, lo que nos perjudica a todos, la economía sumergida conlleva otros efectos indeseables. Veamos algunos ejemplos:

– En el ámbito laboral, tener a un empleado “sin contrato” supone privarle de todos los derechos que la ley concede a los trabajadores. Algo inadmisible tras muchos siglos luchando, precisamente, por esos derechos.

– El que no declara todos sus ingresos puede solicitar ayudas y subvenciones que no le corresponden, lo que implica un fraude hacia los que realmente tienen derecho a ellas. ¿Quién no conoce a alguien que cobre el paro y siga haciendo “chapuzas” bajo cuerda?

– La economía sumergida fomenta la competencia desleal y el intrusismo. Abarata los costes de los profesionales que trabajan sin pagar impuestos, pero va en detrimento de la calidad y la seguridad. “Señora, yo le arreglo la cocina por menos, ¡no le cobro el IVA!”.

De amnistías fiscales y otras componendas

Bajo el término “regularización”, el Gobierno pretende ahora, que la crisis aprieta, aflorar grandes cantidades de dinero negro a cambio de que los defraudadores paguen un 10% a Hacienda. Lo cual, a los que pagamos nuestros impuestos, nos parece una gran tomadura de pelo. Y es que, además de poco edificante de por sí, esta medida acaba premiando a los que engañan al fisco: en el 2012, las clases medias pagarán entre un 21% y un 26% de IRPF y los defraudadores, para obtener el perdón tributario, solo un 10% de todo lo que vienen ocultando! Pues nada, nada, el año que viene ya sabemos todos lo que tenemos que hacer. Por lo menos, la cordura impera entre los profesionales del ramo. Desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda algunas voces ya han denunciado que la medida les parece anticonstitucional. Y no nos digan que ya lo hemos hecho en el pasado o que Italia, el Reino Unido, Alemania o Francia aprobaron medidas similares. La injusticia no se legitima por repetición o recurriendo a (malos) ejemplos.

¿Cómo luchar, entonces, contra la economía sumergida? Pues como se hace en otros ámbitos que precisan de la colaboración ciudadana y el convencimiento general. Con educación y control, que la rueda ya está inventada. Educación para que todos cobremos conciencia del daño que nos hacemos con estas prácticas. Y control para que el que se pase de listo sea sancionado. Si la combinación de campañas televisivas y multas ha reducido las muertes en carretera, también el binomio debería funcionar en materia de economía sumergida. Pero que sean palos y no zanahorias para los defraudadores.