¿Democracia?

El nuestro es un Gobierno apresurado y autosuficiente.  El pasado 4 de abril la revista digital Tiempo  publicó  que durante los quince meses de la actual legislatura se habían aprobado 35 decretos leyes (de 60 leyes totales): uno en el 2011, veintinueve el año pasado -más que en ningún otro año de la democracia- y cinco  en los tres primeros meses del presente año. 

El decreto ley es una norma jurídica con rango de ley que emana directamente del Gobierno. Está regulado en el artículo 86 de nuestra Constitución. Según la misma, los Gobiernos pueden utilizar  esta medida en caso de urgente y extraordinaria necesidad.  En estas situaciones, el Gobierno aprueba en Consejo de Ministros un decreto, sin pasar previamente por el Congreso (requisito exigible en otro tipo de leyes). Y a los pocos días lo publica en el BOE. Sin embargo, la discusión en el Congreso no puede obviarse por lo que, antes de un plazo de 30 días desde su promulgación, ha de presentarlo en este órgano; sin que se precise debatirlo en el Senado. Finalmente, en el Congreso será ratificado o derogado, por mayoría absoluta, y no se permitirán enmiendas (propuestas de modificación).

De este modo, el Gobierno  se ahorra el tiempo que necesitaría para aprobar una ley ordinaria y reduce el debate parlamentario. Lo que le lleva a incumplir lo anunciado en la página 174 de su programa electoral: “Revitalizaremos el Parlamento utilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto ley”.

¿Están justificados tantos decretos leyes? ¿Son extraordinarios y urgentes asuntos como subir el IVA,  reducir las prestaciones por desempleo, liberalizar el comercio…?   Según el Ejecutivo, “España vive un momento de urgente y extraordinaria necesidad”, y esto, a su parecer, es un fundamento sólido para utilizar esta fórmula.

Desde mi punto de vista, el uso intensivo del decreto ley está injustificado y es pernicioso para  la salud democrática. Considero, por un lado, que  el actual estado del país no es argumento suficiente para calificar casi todo como urgente y extraordinario. Pues ser prudentes y objetivos al valorar estas cualidades es primordial para no desvirtuarlas e interpretarlas de modo interesado.

Por otro lado, pienso que mediante esta figura el Gobierno, apoyándose en su mayoría absoluta, está despreciando el diálogo entre las  fuerzas políticas (algo esencial en democracia). Al tiempo que impone unas normas que contradicen su  programa electoral y provocan amplia protesta en la ciudadanía. Disposiciones que, además, parecen obedecer más a intereses económicos, motivaciones partidistas  o  presiones externas  que al bien general.

Gobernar a golpe de decreto ley me suena igual que hacerlo a golpe de “ordeno y mando”. Desoír las opiniones, las críticas, el descontento… de la población lo percibo como un signo de autoritarismo. Argumentar que se está haciendo lo único que se puede hacer, y lo mejor, me resulta falaz. Todo ello hace que me pregunte si  vivimos en democracia.