Felipe González en Gas Natural, José María Aznar en Endesa, Rodrigo Rato en Servihabitat de La Caixa o Josep Piqué en OHL son algunos de los casos más chocantes de esa práctica tan difundida entre los políticos españoles de ir y venir del sector público al privado sin miramiento alguno. Además, la ley española, cada vez más flexible, abre de par en par las puertas más corruptas del sistema.
El Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa alertó hace unas semanas de que los casos de corrupción en España “atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones”. Concretamente, puso el acento en las ‘revolving doors’, más conocidas en nuestro país como “puertas giratorias”, es decir, esa difundida práctica por la que políticos con responsabilidad gubernamental acaban al poco tiempo de cesar en su cargo público formando parte de los consejos de administración de grandes grupos empresariales. Especialmente, de aquellos a los que tenían la responsabilidad de regular durante su mandato. En respuesta a este toque de atención del Consejo de Europa, el Gobierno de Rajoy, no solo no se ha pronunciado, sino que ha dejado entrever que va a suavizar la legislación actual, que ya de por sí es totalmente laxa. Sin duda, hay que mantener sueldos y privilegios de casos tan sonados como el de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar, fichados por Gas Natural y Endesa, respectivamente. Pero no son los únicos, pues la relación entre ex dirigentes y grandes compañías está cada vez más afianzada.
El amor de Endesa a los políticos
Todavía recordarán el arduo debate que protagonizó desde 2007 a 2009 la OPA que Enel (empresa energética italiana) lanzó sobre Endesa, la antigua empresa nacional de electricidad española. Pedro Solbes, por aquel entonces ministro de Economía del Gobierno socialista de Zapatero, fue quien autorizó finalmente la operación de la venta. Actualmente, Enel controla el 92% del capital de Endesa y, casualmente, Pedro Solbes es uno de sus principales consejeros desde mayo de 2011, convirtiéndose así en el primer español en formar parte del consejo de administración de la compañía italiana.
Pero no es el único político que vive de la antigua eléctrica española. Como citaba anteriormente, el ex presidenteJosé María Aznar trabaja como asesor externo de Endesa para América Latina. Cuando fichó en 2011, trascendió su contrato, por el cual percibiría unos 200.000 euros anuales. ¿Por qué tan suculento regalo? Endesa completó su privatización en mayo de 1998, bajo su mandato. Se ponía así fin a un proceso que comenzó en 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, con la venta del 25% de la compañía.
Hay más ejemplos. Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución, ex secretario general de CiU y actual abogado de la Infanta Cristina en el Caso Nóos es también miembro del consejo de administración y abogado de Endesa. Amén de otros cargos como secretario del Banco Sabadell, de Abertis Infraestructuras, de TYPSA o incluso de ACS de Florentino Pérez.
Elena Salgado, la que fuera vicepresidenta económica del último gobierno de Zapatero, también tuvo su premio por parte de Endesa y fichó por el consejo de administración de Chilectra, filial de la compañía en Chile. La ley actual impide a un ex alto cargo trabajar para una empresa privada durante los dos años posteriores a abandonar su puesto, por eso a Salgado le paga la filial chilena de la eléctrica.
El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, tampoco se libra. Según publicó el diario El País, De Guindos cobró en 2011 más de 368.000 euros de Endesa, ya que formaba parte de su Consejo de Administración. Además, según la misma fuente, entre 2010 y 2011 el sueldo del ministro creció un 65% en la eléctrica. Ese año, Luis de Guindos también estaba en el Consejo del Banco Mare Nostrum, del que percibió 65.000 euros más.
Los favores de Gas Natural
En 1994, Felipe González ya había sustituido las chaquetas de pana por los trajes de diseño. El Gobierno Socialista había dejado de serlo hacía mucho, la corrupción lo devoraba y el caso del GAL le explotaba entre las manos al presidente. Sin embargo, viéndose más fuera que dentro del Gobierno, González aún tuvo tiempo de apañarse su futuro. Decidió vender la empresa pública Enagás a Gas Natural, resultado de la fusión entre Catalana de Gas y Gas Madrid, y lograrse así un sillón en la nueva privada gasística. Tuvo que esperar un poco, pero en 2010, Gas Natural lo fichó para su consejo de administración por 126.500 euros anuales. Aun así, parece que se aburre, pues hace unas semanas anunció que abandonará el cargo cuando acabe su mandato. Es mejor cobrar por no hacer absolutamente nada, pues no hay que olvidar que González, al igual que Aznar y Zapatero, cobra de forma vitalicia 80.000 euros anuales por haber sido presidente de Gobierno.
Casualidades de la vida –una vez más-, González se encontró en el consejo de Gas Natural con un ex vicepresidente suyo, Narcís Serra, que estaba allí como director de Caixa Catalunya. Una caja que, antes de ser intervenida, pagó sustanciosos sueldos a Serra: 236.808 en 2007, 260.440 en 2008, 260.380 en 2009 y 246.393 en 2010. Otras fuentes aseguran que cobraba más de un millón de euros al año, pues ‘redondeaba’ su sueldo al participar en los consejos de administración de Gas Natural o Telefónica. En 2011, Narcís Serra dimitió tras dejar Caixa Catalunya al borde de la quiebra. ¿Fue procesado? No. Fue imputado, pero actualmente da clases en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales. Se ve que quieren exportar su ejemplo.
Pero todavía hay más. Rafael Villaseca, que a finales de los 80 y principios de los 90, fue presidente de la empresa pública Inisel (hoy Indra), actualmente es consejero delegado de Gas Natural y Nemesio Fernández-Cuesta, que fue secretario de Estado de Energía con Aznar, forma parte del consejo de administración de la gasística en representación de Repsol, petrolera de la que es director de operaciones y que posee un 30% de Gas Natural.
Otros casos sonados
El amor de nuestros políticos por el sector privado no acaba aquí, ni mucho menos. Los ejemplos se multiplican cada año. El caso más vergonzoso es el del ex ministro Rodrigo Rato, que a pesar de hundir Bankia, protagonizar la mayor quiebra financiera de la historia de nuestro país y estar imputado por ello, ejerce actualmente como consejero de Telefónica y del Banco de Santander. Pero no solo, pues para demostrar un poquito más la soberbia de este personaje, hace apenas una semana fichó por el consejo de administración de Servihabitat, la inmobiliaria fundada por La Caixa para vender, entre otros, los miles de pisos de familias desahuciadas.
Caso parecido el de su colega Ángel Acebes, ex ministro también en la época de Aznar, que tras participar activamente en la debacle de Bankia como vocal de su consejo de administración, fichó por Iberdrola para cobrar, según El Economista, 72.500 euros al mes. Pero son muchas más bocas ex políticas las que comen de Iberdrola. Por ejemplo, Manuel Marín, que fuera presidente del Congreso en la etapa de Zapatero, preside su Fundación o Juan Maria Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco, es a su vez consejero de la eléctrica.
Y cómo olvidarnos de Josep Piqué. El que fuera ministro de Exteriores y de Industria del Gobierno de Aznar consiguió en 2007 un suculento cargo como presidente de la compañía aérea Vueling. En agosto de 2013, con la empresa en una delicada situación abandonó el cargo tras venderla a International Consolidated Airlines Group, grupo formado por la unión de British Airways e Iberia. Pero, ¿creéis que está en paro? Qué va, un mes más tarde, el 1 de octubre de 2013, Piqué fue nombrado CEO y vicepresidente segundo del todopoderoso grupo constructor OHL.
La lista es tan amplia (Josep Borrell en Abengoa, Marcelino Oreja en Enagás, José Folgado en Red Eléctrica Española, Josu Jon Imaz en Repsol, Antonio Basagoiti en el Banco Santander, Jordi Sevilla en PricewaterhouseCoopers…) que no acabaríamos nunca. Aun así, Wikipedia recoge un amplio elenco que cada día crece un poquito más.
¿Y no hay castigo?
Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿No se puede castigar a los ex políticos que se aprovechan de su cargo para acceder a sueldos multimillonarios en las empresas privadas a las que han tratado con mimo desde su sillón público? En países como Francia, el allí conocido como “pantouflage”, está penado con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. Una pena leve, aunque extremadamente elevada si la comparamos con la Ley de Incompatibilidades de nuestro país. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años en los que existe una serie de limitaciones para fichar por empresas privadas. Pero no tienen más que presentar “ante la oficina de conflicto de intereses” un informe acerca de las actividades a realizar. Además, se les pide que se inhiban de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público que hayan ocupado. ¿Sanciones? Las mínimas. Las más graves pasan por perder la pensión vitalicia que recibe todo ex cargo público y por imposibilitar al culpable a trabajar para la administración entre 5 y 10 años. Vamos, minucias.
Además, existen muchas tretas para evitar este veto de dos años. Por ejemplo, Elena Salgado fichó por Endesa, pero en su filial chilena y Basagoiti por el Banco Santander, pero en su sede mexicana. Para más inri, como decía al principio, el gobierno de Rajoy ya plantea flexibilizar esa ley para reducir ese margen de dos años. En definitiva, una legislación suave que permite a los políticos españoles (sea cual sea su color político) defender a las grandes empresas y sus objetivos de expansión por muy poco loables que sean. Legislan por y para ellos, para estas grandes compañías y para ellos mismos, pues saben que antes o después recibirán algún premio por el buen trato dispensado. Hace muchos años que los políticos españoles dejaron de trabajar por los ciudadanos, por ayudar a una sociedad cada vez más empobrecida. Solo miran su bienestar personal. Sin embargo, la sociedad no les castiga y les sigue apoyando elección tras elección. El próximo ejemplo se dará sin duda en las elecciones europeas de mayo.